jueves, 15 de noviembre de 2012
Declaración contra el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP - Trans Pacific Partnership)
Negociaciones, El Finaniero:
http://www.elfinanciero.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=49400&Itemid=26
Infografía, Milenio:
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/2e6ad9e6ff8b914eee2a3ba8fb52a5ab
miércoles, 12 de septiembre de 2012
viernes, 7 de septiembre de 2012
ACCIÓN URGENTE- Ejército amenaza con desalojar el plantón pacífico de ejidatarios y ejidatarias de #LaSierrita y trabajadores de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero.
Desde PRODESC
Plantón Pacífico La Sierrita, 7 de septiembre de 2012. El día de hoy alrededor de las 6 de la mañana llegaron 120 provocadores miembros del Sindicato Minero Metalúrgico, Siderúrgico Don Napoleón Gómez Sada armados con palos y piedras al plantón pacífico que realizan ejidatarios de La Sierrita y trabajadores de la Sección 309 del Sindicato Nacional Minero demandando el respeto de sus derechos humanos.
Al lugar llegaron tres autobuses, acompañados por camionetas de dicho sindicato. Sin embargo tanto los ejidatarios como los trabajadores mineros no cayeron en la provocación y les informaron que a pesar de que el plantón continúa, desde el pasado 29 de agosto se está permitiendo el acceso para operar la mina. Sin embargo, los golpeadores se mantienen en el interior de la mina La Platosa manteniendo la amenaza del desalojo violento.
Es importante mencionar que esta provocación es una de varias que se han realizado en los últimos días y, a pesar de que los gobiernos federal y de Durango tienen conocimiento de la situación, solamente se encuentra en el lugar una patrulla municipal que, en caso de desatarse un hecho violento, no sería suficiente para salvaguardar la vida y seguridad de los ejidatarios y trabajadores defensores de sus derechos humanos a la tierra y el territorio y a la libre asociación sindical.
Aunado a lo anterior, aproximadamente a las 14:00 hrs. se presentaron al plantón pacífico dos elementos del ejército que se identificaron como el Capitán Morales y el efectivo Fernando Barajas del 33 Batallón del Destacamento de Dinamita, Durango. “Nos amenazaron de que si no nos quitábamos nos iban a “madrear”, que van a regresar a desalojarnos. Además comentaron que tienen órdenes de arriba, señalando a la mina La Platosa y dando a entender que Excellon fue quien los envió”, señalaron ejidatarios y trabajadores del plantón pacífico.
Las acciones de represión por parte de la empresa en colusión con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como por elementos del Ejercito, violentan el derecho de los ejidatarios y trabajadores de protesta y defensa de sus derechos humanos establecidos en los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos y el artículo 6º constitucional. Además del derecho de la tierra y el territorio de los ejidatarios establecido en el artículo 27 constitucional y el artículo 100 de la Ley Agraria. Asimismo, se está violando el derecho a la libertad sindical de los trabajadores de la sección 309 establecido en el artículo 123 fracción XVI del apartado A constitucional. Finalmente, la empresa está incumpliendo las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Por lo anterior, hacemos un llamado para que el gobierno mexicano cumpla su obligación de respetar, garantizar los derechos humanos de los ejidatarios de La Sierrita, los trabajadores de la Sección 309 y sus asesores de ProDESC para que:
PETICIONES
Por lo anterior, las organizaciones firmantes ante estos hechos exigimos que:
1. Se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física de los ejidatarios y trabajadores que están en el campamento pacífico en La Platosa.
2. Garantizar el derecho de los ejidatarios de La Sierrita, de los trabajadores de la sección 309 y de sus asesores (ProDESC), como defensores de derechos humanos, a exigir legítimamente su derecho a la protesta por el incumplimiento del contrato de ocupación temporal y derecho a la libertad sindical.
3. Retirar inmediatamente las fuerzas militares para evitar con ello una acción de represión por parte del gobierno local, estatal o federal en contra de civiles como los ejidatarios y los trabajadores de la sección 309.
4. Retirar de manera inmediata a las personas terceras no relacionadas con el conflicto que están poniendo en peligro a los ejidatarios de La Sierrita y trabajadores de la sección 309 que son los verdaderos dueños de las tierras en las que se encuentra la mina La Platosa y/o son trabajadores en activo de dicha mina.
Favor de enviar los llamamientos a las siguientes autoridades pertinentes inmediatamente:
| Lic. Felipe De Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencial Oficial de Los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C. P. 11850, D. F.
Tel. 5550935300
| Lic. Jorge Herrera Caldera
Gobernador Constitucional Del Estado De Durango
5 de Febrero 800 Poniente, Col. Centro, Durango, Durango
Email: webmaster@durango.gob.mx
Tel. 8270840, 8270847
(01) 618 827 0848
|
| Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Email: secretario@segob.gob.mx
Rosalinda Velez Juarez
Secretaría del Trabajo y Prevision Social Reforma 93, Col. Tabacalera, CUAUHTEMOC, Distrito Federal, México, C.P. 06030
Email: rosalinda.velez@stps.gob.mx
| Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F.
Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00
|
| Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500
México
Fax: +52 555 346 0908
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
| Lic. Omeheira López Reyna
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, SEGOB.
Tel: 52 5551280000, Ext.: 11875 o +52
5557287400
|
| Jaime Fernández Saracho
Secretario de Gobierno de Durango
Palacio de Gobierno, Planta Alta, 5 de Febrero esq. Bruno Martínez, Zona Centro, C. P. 34000, Durango, Durango
Tel. (01) 618 8118814 ext. 143
| Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango
Cerro Gordo No 32, 2do Piso, Fracc. Lomas del Parque, Durango, Durango
Tel: 618-130-1969 y (01) 618 1301970
Email: presidencia@cedh-durango.org.mx
|
| Peter Crossgrove
Executive Chairman & Intercim CEO
20 Victoria Street, Suite 900
Toronto, Canadá
Tel. 4163641130
Fax 4163646745
| Ing. Bernardo de Anda Magallanes
Presidente Contittucional del H. Ayuntamiento de Mapimí
Hidalgo No. 1 C. P. 35200, Mapimí, Durango
Tel. (01) 872 7622111 y (01) 872 0722776
|
| Ing. Horacio González Alvarado
Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlahualilo
C. Hombres Ilustres s/n y
Emiliano Zapata, Col. Centro, C. P. 35290
Tel. (01) 872 7610130
Email: brenda_j.l@hotmail.com
| Juan Esteban Tello Rodríguez
Ministerio Público de la Agencia 19
Teléfono: (01-618) 150-03-00 Ext. 79 y78
Mtra. Sonia Yadira de la Garza Fragoso
Fiscal General del Estado de Durango
Teléfono: (01- 618) 150-03-00
|
domingo, 29 de julio de 2012
Si hay imposición, ¿habrá revolución? Razones para perder el miedo
[Marcha en Gaudalajara #YoSoy132. Foto: Arturo Campos Cedillo.]
Juan Manuel Velázquez Ramírez.-
A lo largo de la historia la revolución ha aparecido en todo momento como un fantasma que aterroriza a las clases y grupos dominantes. En el México actual sucede lo mismo. Los grupos financieros, industriales y de las grandes empresas comercializadoras se imaginan una revolución que les arrebata los privilegios que resultan de la evasión de impuestos, del privilegio de licitaciones y concesiones; y de políticas económicas que favorecen la expansión y el control de mercados, su consolidación monopólica y la acumulación de sus ganancias. Las organizaciones políticas partidarias temen perder con la revolución los ingresos económicos millonarios que obtienen a nivel de financiamiento, sueldos y privilegios materiales, en curules y de estatus social; también temen perder sus cuotas de poder en el campo político y su manejo corporativo de masas. La burocracia de los sindicatos cree que con la revolución va a perder sus privilegios de control de los trabajadores, sus ingresos económicos por concepto de cuotas y su capacidad de negociación política con el gobierno. Las empresas de comunicación de masas se imaginan una revolución que les hace perder las concesiones y el control del espectro radioeléctrico; que les destruye su carácter monopólico económico y simbólico; y que coloca bajo el control de la ciudadanía el diseño, la producción y la difusión de sus contenidos. A las instituciones del Estado (gobierno, Ejército, parlamento, IFE, Tribunal Electoral) les causa pánico una revolución porque se imaginan ya sin el monopolio político y de violencia física, y sus privilegios económicos, materiales y de legitimidad social. La jerarquía de las iglesias teme que la revolución destruya el control espiritual que mantienen sobre los creyentes; que se les reste capacidad de negociación respecto a otros grupos de poder; y se vean limitados sus beneficios económicos e ideológicos. Los narcotraficantes le temen a una revolución porque piensan que ella les puede quitar, sobre todo, las condiciones de pobreza, marginación y des/configuración del tejido social que favorece su permanencia, y la complicidad de los gobiernos que posibilita su enriquecimiento.
La revolución aparece así como un peligro para los poderosos. Pero entonces, surge la pregunta ¿por qué una revolución genera miedo entre las clases y grupos subordinados? ¿Qué perderían estos con una revolución?
Los jóvenes perderían con una revolución la incertidumbre que genera el no tener garantizado el acceso a la educación, al trabajo, al entretenimiento y a la navegación virtual. Las mujeres con la revolución perderían el trato discriminatorio de género, el miedo a ser y decidir por ellas mismas y el miedo a transitar por las calles; también perderían la doble jornada que obligadamente tienen que cubrir. Los homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, travestis perderían con la revolución las burlas, la discriminación y la ausencia de derechos ciudadanos. Los trabajadores perderían con la revolución la incertidumbre en el empleo, los bajos salarios, las condiciones de trabajo desfavorables y la sujeción a sindicatos oficialistas. Los campesinos perderían con la revolución el abandono en apoyos económicos y tecnológicos, el despojo de sus tierras aguas y bosques, y la marginación social y el control político de gobiernos y narcotraficantes. Los indígenas perderían con la revolución su rezago y discriminación ancestral, perderían el dominio caciquil y sus muertos por la violencia. Los habitantes pobres de las colonias perderían la irregularidad en sus terrenos, la ausencia de servicios e infraestructura, la carencia de servicios de salud y la inseguridad en las calles. Los habitantes de las ciudades perderían con la revolución el predominio del automóvil, la ausencia de espacios verdes, y de recreación y cultura. Los niños con una revolución perderían la inseguridad ante el futuro, el trato discriminatorio de los adultos, el miedo de jugar en las calles, de ser abusados sexualmente y que se violen sus derechos. Con una revolución los creyentes perderían el monolitismo del discurso religioso, la exclusión de las mujeres al ejercicio sacerdotal, y la jerarquía de representantes que los somete y atemoriza. Las audiencias de medios de comunicación de masas perderían con una revolución el monopolio de medios que homogenizan la oferta de programas de baja calidad en producción y contenidos; y perderían el estatus de consumidores y su rol de simples receptores. El país perdería con una revolución su subordinación al imperialismo norteamericano y a las medidas de la banca internacional.
Podemos agregar que el que los ricos y poderosos tengan miedo a una revolución es hasta cierto punto comprensible. Pero el que a los que hemos sido colocados como subordinados en este país tengamos miedo a una revolución, sólo es explicable por la representación dominante que de esta han propalado los propios grupos en el poder. Dicen que una revolución es inestabilidad, violencia, guerra, crisis, ruptura de instituciones. La imposición de un candidato es ya una medida que desequilibra, genera crisis política, rompe la legalidad institucional y es continuación de la guerra económica, política, social y cultural cotidiana que ya existe contra los que menos tienen.
El problema que existe es que la revolución no se reduce a una acción, como tomar las instalaciones de Televisa o apropiarse del Palacio Nacional. La revolución es un proceso de empoderamiento cotidiano, individual y colectivo, que se traduce en capacidad de crear, sentir, pensar, imaginar y producir bajo criterios de autonomía, independencia, colaboración y solidaridad con los otros. Y esta sólo puede ser una revolución de la mayoría, de acciones cotidianas creativas y disciplinadas; una que mire hacia otros movimientos presentes y pasados, pero que decida sus rutas con originalidad. Una revolución tan necesaria para comprobar que las utopías, cuando son realistas, también se pueden alcanzar.
jueves, 12 de julio de 2012
ACCIÓN URGENTE, MINERA EXCELLON AMENZA A EJIDATARIOS EN DURANGO
EMPRESA EXCELLON RESOURCES, INC. AMENAZA A EJIDATARIOS DE LA SIERRITA CON ARRESTO Y ACCIONES JUDICIALES; EJIDO EXIGE EL RESPETO A SUS DERECHOS HUMANOS DESPUÉS DE VARIOS INTENTOS DE DIÁLOGO CON LA EMPRESA
Hechos
La empresa minera canadiense Excellon Resources, Inc. amenazó el 11 de julio de 2012 a los miembros del Ejido “La Sierrita” y a su asesor, la organización no gubernamental, el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), con iniciar acciones penales y judiciales en respuesta al bloqueo pacífico del Ejido de la mina de la empresa La Platosa. El 8 de julio de 2012, más de setenta ejidatarios del Ejido "La Sierrita", ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango, decidieron llevar un cabo el cierre de la mina La Platosa.
El paro se da como resultado de la falta de voluntad por parte de la empresa a resolver una serie de incumplimientos y violaciones por parte de Excellon al contrato de ocupación temporal firmado entre la empresa y el ejido desde abril del 2008.
En el comunicado del 11 de julio de 2012, la compañía dio a conocer que los gobiernos estatal y federal intervendrán en el conflicto entre la empresa minera y el Ejido en las próximas 24 a 48 horas. La compañía califica a la acción del Ejido como ilegal, sin embargo, no reconoce que dicha acción es la respuesta de casi ocho meses en los que el Ejido ha intentado en varias ocasiones mediante el diálogo resolver las violaciones flagrantes de la empresa del contrato de ocupación de tierras que se firmó en el 2008. La Asamblea Ejidal, una vez que ha agotado los diferentes canales de diálogo y debido al poco interés que tiene la empresa minera en resolver el conflicto, ha decidido, haciendo uso de su legitimo derecho, realizar la protesta pacífica de la mina con la intención de obligar a la minera a resolver y poner fin a una serie de violaciones e incumplimientos al contrato de ocupación temporal y se cumplan las clausulas a la construcción de una planta tratadora de agua, al otorgamiento de concesiones, al pago justo de la renta de la tierra, entre otras.
Las amenazas de la empresa representan un grave riesgo para la integridad física y la seguridad de los ejidatarios que están tratando de manera pacífica exigir el respeto a sus derechos humanos frente a la empresa.
Antecedentes
Desde el año 2004, la empresa minera Excellon de México, filial de la trasnacional Excellon Resources Inc., se estableció en el municipio de Tlahualilo, Durango, arrendando tierra de uso común del Ejido “La Sierrita” con un contrato por demás abusivo, injusto y diseñado para el beneficio casi exclusivo de la compañía minera. En el 2007, con la intervención de ProDESC, el Ejido decidió parar la mina con la intención de mejorar las condiciones contractuales. Después de tres meses de paro, se lograron avances importantes en la relación entre el Ejido y la empresa, estableciéndose cláusulas donde obliga a la empresa a responder a demandas que contribuyan, entre otras cosas, al desarrollo de proyectos productivos que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida de los ejidatarios.
Sin embargo, las clausulas del contrato de arrendamiento se han incumplido e, incluso, violado, lo cual ha obligado a los ejidatarios a emplazar a una mesa de revisión con Excellon desde noviembre del 2011, haciendo de su conocimiento la intención de sentarse a dialogar y resolver el conflicto entre ambas partes. Representantes de la empresa dilataron el proceso de diálogo en varias ocasiones y mostraron poca disposición para resolver el conflicto a pesar de que reconocieron los incumplimientos y violaciones por parte de la empresa. Asimismo, se acordó otra reunión el 6 de julio de este año, la cual canceló la empresa de forma unilateral dos días antes. Por lo anterior, los ejidatarios en Asamblea Ejidal decidieron el 8 de julio iniciar el bloqueo de la empresa.
Peticiones
Por lo anterior, las organizaciones firmantes ante estos hechos exigimos que:
1. Se tomen de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física de los ejidatarios.
2. Garantizar el derecho de los ejidatarios de “La Sierrita” a exigir legítimamente el cumplimiento del contrato de arrendamiento y evitar con ello una acción de represión por parte del gobierno local, estatal o federal, haciendo uso de la fuerza en contra de los ejidatarios.
Favor de enviar los llamamientos a las siguientes autoridades pertinentes inmediatamente:
Lic. Felipe De Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencial Oficial de Los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C. P. 11850, D. F.
Tel. 5550935300
Email: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Lic. Jorge Herrera Caldera
Gobernador Constitucional Del Estado De Durango
5 de Febrero 800 Poniente, Col. Centro, Durango, Durango
Email: webmaster@durango.gob.mx
transparencia@durango.gob.mx
Tel. 8270840, 8270847 (01) 618 827 0848
Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Email: secretario@segob.gob.mx
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo
López Mateos 1922, 6° piso, Col. Tlacopac San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01040, México, D.F.
Tels. y fax (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00
correo@cndh.org.mx
Marisela Morales Ibáñez
Fiscal General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500
Fax: +52 555 346 0908
Correo-e.: mmoralesi@pgr.gob.mx
Lic. Omeheira López Reyna
Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, SEGOB.
Tel: 52 5551280000, Ext: 11875 o +52, 5557287400 romeheira@segob.gob.mx
Jaime Fernández Saracho
Secretario de Gobierno de Durango
Palacio de Gobierno, Planta Alta, 5 de Febrero esq. Bruno Martínez, Zona Centro, C. P. 34000, Durango, Durango
Email: presidencia@cedh-durango.org.mx
Tel. (01) 618 8118814 ext. 143
Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango
Cerro Gordo No 32, 2do Piso, Fracc. Lomas del Parque, Durango, Durango
Tel: 618-130-1969 y (01) 618 1301970
Email: presidencia@cedh-durango.org.mx
Peter Crossgrove
Executive Chairman & Intercim CEO
20 Victoria Street, Suite 900, Toronto, Canadá
Tel. 4163641130, Fax 4163646745
Email: pcrossgrove@excellonresources.com
info@excellonresorces.com
Ing. Bernardo de Anda Magallanes
Presidente Contittucional del H. Ayuntamiento de Mapimí
Hidalgo No. 1 C. P. 35200, Mapimí, Durango
Tel. (01) 872 7622111 y (01) 872 0722776
Email: ernestogarciaochoa@hotmail.com
Ing. Horacio González Alvarado
Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento de Tlahualilo
C. Hombres Ilustres s/n y
Emiliano Zapata, Col. Centro, C. P. 35290
Tel. (01) 872 7610130
Email: brenda_j.l@hotmail.com
Lynn Hartery
Asuntos Políticos Embassy of Canada in México
Schiller No. 529 Col. Polanco, C. P. 11560, México D. F.
Tel. 52 5557247900, Fax. 52 55 5724 7983
Email. Lynn.hartery@international.gc.ca
FIRMA ACCION URGENTE EN LA RED TDT, CLIC AQUI: ¡FIRMA!
--
PRODESC A.C.
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. trabaja sobre la defensa, investigación y capacitación en derechos humanos a nivel local.
55122230
miércoles, 11 de abril de 2012
Pronunciamiento de Derechos Humanos "Samuel Ruíz" sobre los supuestos Terroristas en San Luís Potosí
A LA OPINIÓN
PÚBLICA:
A LA SOCIEDAD
POTOSINA:
El pasado sábado 7 de abril de 2012,
ante una multitud se realizaba la tradicional fiesta popular de la Quema de
Judas, en la Plaza Fundadores de San Luis Potosí. Eran cerca de las 9 de la
noche cuando se escuchó una voz que alertaba a todos sobre el sonido de
balazos, que se tiraran al suelo. La plaza de fundadores estaba repleta de
ciudadanos, según la prensa local había más de 4000 ciudadanos. Se creó un caos
y un estado de psicosis general.
Posteriormente se presentaron dos
policías en una tienda de la Cadena Elektra sucursal no. 8670 para detener al
gerente de la tienda, el C. JUAN RAMÓN MUNGUÍA y un empleado de nombre ENRIQUE
TRISTAN. Hoy estos jóvenes hoy están detenidos y fueron consignados por los Ministerios
Públicos PABLO FRANCISCO ALVARADO SILVA Y EUSEVIO ZAVALA DE LA MESA 1 de
detenidos en Averiguaciones Previas del fuero común en nuestra ciudad, por el
delito de TERRORISMO.
Desgraciadamente algunos medios de
comunicación impresa se dieron a la tarea de criminalizar y desvirtuar los
hechos sobre lo que había sucedido. Aventuradamente han señalado que los
detenidos eran unos jóvenes traviesos que habían encendido sus motos provocando
terror, para confundir a las personas de que los ruidos eran de balazos. Lo cierto
es que ENRIQUE TRISTAN enciende todos los días su motocicleta a las 9 de la
noche para que se vaya calentando mientras sale de su trabajo. De esto hay
muchos testigos y los jóvenes jamás incitaron al terror.
Según fuentes periodísticas el director
de Protección Civil Municipal de la Capital, IGNACIO BENAVENTE DUQUE reconoció errores en la Plaza de los
Fundadores e incluso admitió que no hubo reuniones previas para planear la
distribución de los comerciantes ambulantes.
Por su parte circularon
irresponsables declaraciones de ALEJANDRO
PEREZ RODRÍGUEZ, quien es Presidente de la Asociación Civil Nuestro Centro
que manifestó: “Qué se impongan penas más severas a todos aquellos bromistas
que causen movilización y pánico entre los ciudadanos, pues es gente sin
educación”.
Hoy Juan Ramón Munguía junto a Enrique
Jaziel Treviño Rivera se encuentran en calidad de “Terroristas” que en San Luis Potosí abre la posibilidad de pasar
20 años en la cárcel, cuando su único
delito fue defenderse de varios policías municipales que crearon pánico en una
confusión por su falta de capacidad para manejar situaciones de crisis como la
que se dio en Plaza Fundadores. Juan Ramón Munguía tiene tres hijos pequeños
que mantener y toda su familia se encuentra en la desesperanza.
Por su parte Enrique Tristán, es un
empleado cuyo único delito fue prender su moto como todos los días lo hace para
que se vaya calentando, pues se acercaba la hora de su salida del empleo.
Como evidencia de lo anterior
contamos con un video grabado el día de los hechos en el cual los policías reconocen
frente a Juan Ramón Munguía y Enrique Treviño que encender la moto fue un acto
rutinario. Los policías y todos los testigos reconocen que no había intención
de causar ningún agravio, incluso de las imágenes y diálogos se desprende que
los hoy inculpados desconocían lo sucedido fuera de la tienda.
Cuando los jóvenes voluntariamente
salieron de la tienda, los arrestaron con uso de violencia excesiva, los
golpearon y los presentaron como terroristas.
Entendemos el estado de psicosis que
fácilmente puede ser generado debido a los hechos de violencia en que vivimos.
Lamentamos lo sucedido con las familias que pudieron haber sido afectadas, pero
estamos convencidos de que los jóvenes hoy procesados no son delincuentes y
quien encendió la moto lo hizo sin dolo ni malas intenciones. Estamos seguros
que aún hay muchas autoridades que ante la falta de capacidad de solucionar un
problema y presionados por la prensa y la misma sociedad que les exige
respuestas rápidas y convincentes son capaces de construir delitos sin importar
que una persona pueda pasar hasta 20 años de su vida
injustamente en la cárcel.
Aunque también confiamos en la
división de poderes y que en los próximos días le corresponderá a la autoridad
judicial criminalizar o descriminalizar el ilícito de Terrorismo por el cual se les acusa a dichos trabajadores.
HACEMOS UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES LOCALES Y FEDERALES PARA QUE ACTÚEN CONFORME A DERECHO.
San Luís Potosí, S.L.P. 10 de Abril del
2012.
Empresas y violaciones a los #DDHH - una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG
Difusión Cencos México D.F., 10 de abril de 2012
Boletín de prensa
FIDH
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) tiene el placer de anunciar la publicación de la versión en español actualizada de su guía destinada a las víctimas y a las ONG, que recoge los mecanismos de recurso disponibles en el marco de las violaciones cometidas por empresas.
En todo el mundo es posible individuar violaciones de derechos humanos e identificar los impactos medioambientales relacionados, directa o indirectamente, con las actividades de las empresas. En América Latina, especialmente en Colombia, Guatemala y Honduras, dirigentes sindicaless o campesinos son asesinados por reivindicar públicamente sus derechos. En Filipinas, Perú o Ecuador, el derecho de los pueblos autóctonos a la consulta, sobre todo en el marco de proyectos de inversión vinculados a la industria extractiva, sigue siendo demasiado frecuentemente ignorado. Tras 20 años del desastre de Bhopal, en la India, donde hubo una fuga de gases tóxicos de una fábrica de pesticidas de propiedad de la Union Carbide Corporation, miles de víctimas siguen esperando recibir una reparación justa y el sitio de la fábrica nunca fue limpiado.
Para las víctimas de las violaciones cometidas por empresas es muy difícil obtener justicia, de ahí que prevalece la impunidad.
La FIDH aspira a que esta guía represente una herramienta práctica para las víctimas y sus representantes, las ONG y los demás actores de la sociedad civil (los sindicatos, las asociaciones campesinas, los movimientos sociales y los activistas) para que las víctimas puedan obtener justicia y reparación por los abusos cometidos por o con la complicidad de las empresas.
La guía consta de cinco secciones, y cada una examina distintos tipos de mecanismos, incluyendo mecanismos intergubernamentales, posibilidades de contencioso que se ofrecen a las víctimas, mecanismos de mediación como los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, mecanismos de reclamación disponibles en el marco del apoyo financiero recibido por las empresas así como mecanismos que se pueden utilizar en base al compromiso voluntario de las empresas. La versión en español incluye nuevos textos que abarcan un análisis de las últimas evoluciones que han tenido lugar durante el año corriente a nivel internacional sobre el tema de las empresas y los derechos humanos, en particular por lo que atañe a las Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en junio y a la revisión de las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales de mayo de 2011. La guía incluye la actualización de algunos casos llevados ante mecanismos y cortes en distintas jurisdicciones, sobre todo ante los tribunales americanos en virtud del Estatuto de Reclamación por Agravios Contra Extranjeros, el Alien Tort Claims Act.
La FIDH confía en que esta herramienta pueda fomentar a los distintos actores implicados a compartir e intercambiar experiencias sobre las estrategias y los resultados obtenidos tras el recurso a estos mecanismos, con el objetivo de ayudar a las víctimas a obtener justicia.
Descargas: Empresas y violaciones a los DH - una guía sobre mecanismos de denuncia para víctimas y ONG
6 de diciembre de 2011
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
lunes, 9 de abril de 2012
lunes, 2 de abril de 2012
Solidaridad de firmas... Hasta encontrarlos.
En el marco de la semana Internacional del Detenido Desaparecido
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Los abajo firmantes manifestamos enérgicamente nuestro rechazo a la política represiva del gobierno panista encabezado ilegítimamente por Felipe Calderón, donde la política de Estado ha significado el incremento de la represión, persecución y criminalización de los luchadores sociales, opositores al régimen neoliberal, defensores de derechos humanos y aterrorizando al pueblo en general.
La guerra contra el narcotráfico no ha sido otra cosa que una guerra contra el pueblo, que ha propiciado hasta hoy más de 60,000 asesinados, más de 30 mil personas que han sido detenidas desaparecidas, más de 60,000 detenidos como presuntos delincuentes y más de un millón de personas que han sido desplazadas de manera forzada de sus lugares de origen. La detención desaparición sigue siendo una política de gobierno, que se pretende convertir en un mecanismo eficaz para acallar las voces y las luchas de todas aquellas personas que se organizan fuera de los marcos de control gubernamental.
Ante esta situación, en el marco de la semana internacional del detenido desaparecido y a cinco años de su detención desaparición, exigimos la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruíz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez, así como de todos aquellos que se encuentran en esta condición de lesa humanidad, exigiendo castigo a los culpables materiales e intelectuales.
¡Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del País!
Enviar su firma a: hastaencontrarlos@gmail.com hasta el día 20 de mayo.
lunes, 19 de marzo de 2012
Informe del Grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada
El Grupo de Trabajo emitió 34 recomendaciones al Estado mexicano que hacen referencia a la modificación de leyes, tomar medidas preventivas y de seguridad, el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a la justicia y a la protección judicial, el derecho a la verdad y a la reparación.
Además, agregó que si bien no es posible identificar un patron continuado de agresiones contra un grupo en particular, es necesario tomar medidas especiales para proteger a mujeres, migrantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, a quienes indentificó como grupos más propensos a ser víctimas de desaparición forzada.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas fue creado el 29 de febro de 1980 y se integra por cinco miembros, uno de ellos el argentino Ariel Dulitzky.
A continuación puedes hojear el informe, descargarlo, o leer las recomendaciones al Estado mexicano.
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79. Con base en las consideraciones anteriores, el Grupo de Trabajo formula las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
A. recomendaciones Generales
80. El Grupo de Trabajo recomienda que se reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso necesario para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
81. El Grupo de Trabajo recomienda la generación de datos estadísticos, desagregados por sexo, edad, lugar y autoridades presuntamente involucradas, sobre las desapariciones forzadas para desarrollar políticas de prevención, erradicación, investigación, sanción y reparación. Se debería incluir información, en caso de estar disponible, sobre la fecha y lugar de la exhumación y la información sobre los miembros de la familia.
82. El Grupo de Trabajo recomienda que el Estado acepte la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas relativos a denuncias de particulares e interestatales.
83. El Grupo de Trabajo recomienda que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país, incluyendo el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.
84. El Grupo de Trabajo recomienda que se asegure la plena independencia y autonomía de todos los organismos públicos de derechos humanos.
B. marco legislativo
85. El Grupo de Trabajo recomienda llevar a cabo las adecuaciones legislativas a nivel federal y local para garantizar la implementación efectiva del nuevo marco constitucional sobre derechos humanos, amparo y sistema penal.
86. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. Dicha ley general debería definir la desaparición forzada como un delito autónomo; crear un procedimiento específico de búsqueda de la persona desaparecida con la participación de los familiares de las víctimas; establecer un registro nacional de personas desaparecidas forzosamente que garantice que los familiares, abogados, defensores de los derechos humanos y cualquier otra persona interesada tenga pleno acceso a este registro; permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada; asegurar la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos; y garantizar el derecho a la reparación integral.
87. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la armonización de la definición de desaparición forzada en la legislación penal con lo establecido en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes.
88. El Grupo de Trabajo recomienda que se elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal para prevenir casos de desaparición forzada.
89. El Grupo de Trabajo recomienda modificar el marco jurídico sobre la flagrancia a fin de restringir su uso al momento preciso de la comisión de un delito y eliminar los conceptos de cuasiflagrancia y flagrancia equiparada, para prevenir las desapariciones forzadas.
C. medidas preventivas y de seguridad
90. El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas.
91. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos.
92. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas.
93. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la completa identificación de todas las autoridades competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de la ley.
94. El Grupo de Trabajo recomienda que se fortalezca el registro de detención para garantizar que sea permanentemente actualizado y armonizado con otras bases de datos para monitorear la localización física de las personas detenidas, incluyendo controles estrictos sobre las autoridades responsables del registro de las detenciones y la imposición de sanciones adecuadas para aquellos que no lo hagan. El registro de detención debe indicar los motivos de la detención; la hora exacta de la llegada de la persona detenida al lugar de custodia; la duración de la privación de la libertad; la identidad de la autoridad que ordenó la detención de la persona, así como de los oficiales a cargo de llevarla a cabo; la cadena de custodia de las personas detenidas; información precisa sobre el lugar de custodia; y el momento en que la persona detenida es presentada por primera vez ante una autoridad judicial o alguna otra autoridad competente.
D. derecho a la justicia y a la protección judicial
95. El Grupo de Trabajo recomienda la adopción de una nueva ley en materia de amparo de acuerdo al reformado marco constitucional. La nueva legislación de amparo debe responder adecuadamente a la peculiaridad de la desaparición forzada de personas, albergar una concepción amplia de víctima, garantizar un rol activo por parte del juzgador y no establecer exigencias gravosas sobre las circunstancias bajo análisis, tales como la identificación del lugar de la detención, la determinación de la autoridad responsable y la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa.
96. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice el derecho a la justicia y el combate a la impunidad mediante la capacitación del personal judicial y del encargado de hacer cumplir la ley, la adopción de protocolos de investigación y la protección de testigos y familiares. Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial. Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos.
97. El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la pronta entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal a efectos de garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Se deben fortalecer y aplicar completamente estos cambios constitucionales, destinando recursos adicionales a la mejor preparación de funcionarios en la investigación y enjuiciamiento de los delitos, incluyendo casos de desapariciones forzadas. Esto incluye la capacitación y los recursos para la búsqueda de la persona desaparecida, para investigar estos casos con una visión sistémica para comprender el patrón de las desapariciones forzadas, incluyendo la cadena de mando.
98. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos en general, independientemente de que el perpetrador sea personal militar. Se debe garantizar que Ministerios Públicos civiles realicen investigaciones serias y expeditas en todas las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas perpetradas por elementos militares. Se debe impedir legalmente que los Ministerios Públicos militares inicien o continúen investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo las desapariciones forzadas.
99. El Grupo de Trabajo recomienda el establecimiento de un mecanismo efectivo para la continuidad de las investigaciones de desapariciones forzadas cometidas durante la “Guerra Sucia”.
100. El Grupo de Trabajo recomienda fortalecer la figura de la coadyuvancia, garantizar el acceso pleno a las investigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus representantes, otorgar regularmente a los familiares información sobre los avances en las investigaciones, y asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que las autoridades civiles y militares colaboren completamente con los ministerios públicos y tribunales civiles en la investigación y proceso penal de las desapariciones forzadas.
101. El Grupo de Trabajo recomienda brindar apoyo a los familiares y a las asociaciones de familiares en el desempeño de su papel fundamental en el tratamiento de las desapariciones forzadas.
E. derecho a la verdad
102. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata. Este programa debe incluir los siguientes parámetros:
a) Implementar la búsqueda ex oficio y sin dilación en casos de desapariciones;
b) Coordinar los esfuerzos de las diferentes agencias de seguridad para localizar a la persona;
c) Eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico que reduzca la efectividad de la búsqueda o evite que se inicie;
d) Asignar los recursos humanos, financieros, logísticos, científicos, o de cualquier otro tipo necesarios para que la búsqueda se realice de forma exitosa;
e) Contar con personal altamente capacitado en la exhumación e identificación de restos mortales;
f ) Contrastar el reporte de la persona no localizada con todas las bases de datos existentes en la materia;
g) Dar prioridad a la zona de búsqueda en donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas;
h) Acceder y utilizar plenamente la Plataforma México;
i) Garantizar que el programa se ejecute con plena independencia presupuestaria y operativa.
103. El Grupo de Trabajo recomienda crear y mantener actualizada permanentemente una base de datos con la información personal disponible sobre víctimas de desapariciones forzadas a nivel nacional (tanto del fuero federal como del estatal) incluyendo información genética, principalmente el ADN y muestras de tejido obtenidas de restos mortales y de familiares de víctimas, con su previo consentimiento. El Estado debe proteger permanentemente la información personal en estas bases de datos.
104. El Grupo de Trabajo recomienda desarrollar un marco legislativo adecuado y garantizar la entrega de recursos financieros, humanos y equipo técnico para las investigaciones forenses en casos de desapariciones forzadas.
105. El Grupo de Trabajo recomienda difundir el informe elaborado por la FEMOSPP y colocarlo en el sitio web oficial de la PGR; esclarecer la ubicación de todos los documentos recibidos por la FEMOSPP; y garantizar su pleno acceso al público.
106. El Grupo de Trabajo recomienda transferir los archivos militares de la “Guerra Sucia” de la SEDENA al Archivo General de la Nación garantizando el libre acceso del público y sistematizar el ingreso a todos los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad y de la Fiscalía Especial para que éstos también se encuentren disponibles en el Archivo General de la Nación.
107. El Grupo de Trabajo recomienda desvelar los nombres de las personas que participaron en actos de desaparición forzada de acuerdo a la información que obra en la CNDH con motivo de la elaboración de la Recomendación 26/2001.
F. derecho a la reparación
108. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas de desaparición forzada. El marco legal debe establecer que la reparación sea proporcional a la gravedad de la violación y al sufrimiento de la víctima y su familia. Incluir la restitución siempre y cuando sea posible, así como la asistencia médica y psicosocial, la satisfacción, la indemnización y las garantías de no repetición.
109. El Grupo de Trabajo recomienda adoptar, para los fines de reparación, una amplia definición de víctima que no esté ligada a la determinación de la responsabilidad y condena penal del acusado ni esté limitada a aquellos casos de desaparición forzada plenamente acreditados por la CNDH.
G. Grupos en situación de particular vulnerabilidad
110. El Grupo de Trabajo recomienda implementar a la brevedad todas las recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la CNDH en relación al secuestros de migrantes (algunos de los cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas).
111. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar condiciones de seguridad para defensores de los derechos humanos, incluyendo a quienes combaten las desapariciones forzadas de personas y defienden los derechos de las víctimas. Se debe garantizar que el Mecanismo Nacional de Protección a defensores de derechos humanos cuente con facultades de prevención, protección e investigación; tenga competencia federal; cuente con suficientes recursos así como con independencia. Se debe garantizar también la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño, implementación y monitoreo de este mecanismo nacional.
112. El Grupo de Trabajo recomienda establecer un mecanismo nacional de protección a periodistas, implementado por funcionarios de alto nivel, y un comité interinstitucional, dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación.
113. El Grupo de Trabajo recomienda garantizar que las medidas diseñadas para erradicar la violencia contra la mujer, incluyendo la desaparición forzada, sean plenamente implementadas. Se debe incorporar la perspectiva de género en todas las investigaciones y políticas para combatir la violencia, considerando las características particulares de la violencia basada en el género en contra de las mujeres, así como las respuestas sociales que la situación requiere, con el fin de eliminar las desapariciones forzadas de mujeres.
Lee el comunicado de la ONU DH
Vía Centro Nacional de Comunicación Social
Desde: http://cencos.org/node/28667
---
El periodico El Informador de GDL, en su artículo, presenta información de una investigación sobre las denuncias por desaparición en México.
Desde: http://www.informador.com.mx/mexico/2011/328525/6/todos-somos-secuestrables.htm
viernes, 16 de marzo de 2012
PRONUNCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES CIVILES EN RELACIÓN AL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, DIRIGENTE DE LA CPUVO
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 15 de Marzo de 2012
A los
medios de comunicación
A la
Opinión Pública
A las
Autoridades Estatales y Municipales
A la Ciudadanía en General
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios y
las organizaciones que abajo suscribimos hemos recibido información por parte de pobladores
del municipio de San José del Progreso y la Coordinadora de Pueblos Unidos del
Valle de Ocotlán (CPUVO), que el día de hoy, 15 de Marzo de 2012, fueron
emboscados por grupos armados los
compañeros Bernardo Vásquez Sánchez, Rosalinda Canseco y Andrés Vásquez Sánchez
en el crucero de Santa Lucía, Ocotlán, Oaxaca
entre las 9 y 10 de la noche, cuando se trasladaban a bordo de un automóvil.
De acuerdo con la información
recibida, Bernardo Vásquez Sánchez,
dirigente de la CPUVO falleció
debido a las heridas provocadas por los impactos de bala.
Antecedentes:
Bernardo Vásquez Sánchez y la CPUVO habían alertado a
las autoridades estatales y federales desde 2008 sobre posibles enfrentamientos
en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, debido a la entrada de la empresa
minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ya
que inició sus operaciones sin el consentimiento de la comunidad.
En repetidas ocasiones los miembros de la CPUVO denunciaron
que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del
Progreso (Alberto Mauro Sánchez).
Las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas
denuncias, al grado de afirmar que el grupo inconforme solamente buscaba
desestabilizar a la comunidad, cuando era todo lo contrario.
El 18 de Enero de 2012, fue asesinado el C. Bernardo
Méndez Vásquez por orden del presidente municipal de San José del Progreso Alberto Mauro Sánchez, en esta emboscada resultó
herida de gravedad la C. Abigaíl Vásquez
Sánchez. Las autoridades estatales nuevamente no se involucraron, por el
contrario brindaron su apoyo a los presuntos homicidas criminalizando nuevamente a los integrantes de la CPUVO.
Ante estos hechos denunciamos:
Repudiamos la actitud pasiva e indolente del gobierno
estatal ante el conflicto social y político de San José del Progreso. Hasta el
momento no hay castigo para los responsables de la muerte del compañero
Bernardo Méndez Vásquez, asesinado el día 18 de enero de 2012.
Exigimos a las autoridades estatales y federales
justicia y castigo para los responsables
de la muerte de Bernardo Vásquez Sánchez, Asesinado el día 15 de Marzo de 2012.
Denunciamos nuevamente que la empresa minera Cuzcatlán
cuenta con grupos armados al interior de la comunidad y tiene todo el respaldo de las autoridades
municipales y estatales.
Responsabilizamos al presidente municipal
de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez y a la empresa minera Cuzcatlán
por los cobardes asesinatos de Bernardo
Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez.
Exigimos nuevamente se respete la demanda principal de la
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), concerniente a la
salida inmediata de la empresa minera, ya que es, a raíz de su entrada y por
sus actos de corrupción que se han generado diversos enfrentamientos en
la comunidad, terminando lamentablemente con la vida de 2 defensores de
derechos humanos.
Exigimos justicia:
Colectivo Oaxaqueño en
Defensa de los Territorios
Servicios del Pueblo
Mixe, Ser Mixe A.C.
Servicios para una Educación
Alternativa EDUCA A.C.
Centro de Derechos
Indígenas Flor y Canto A.C.
Centro de Derechos
Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, BARCA A.C.
Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
Centro Prodh A.C.
Unión de Organizaciones
de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.
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