PRONUNCIAMIENTO EN RESPALDO A LA CRAC-PC

26 de febrero de 2013

A las autoridades federales y del estado de Guerrero,

A las organizaciones sociales,

En 1995 nacen las bases de lo que poco tiempo después conoceríamos como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el Estado de Guerrero. Dicha organización surge como parte de los procesos de pueblos indígenas en el ejercicio de su autonomía y la defensa de sus territorios.

En 17 años, la CRAC-PC logró disminuir en más del 90% la ocurrencia de delitos en la región en la que trabaja. Dicho fenómeno le generó una gran legitimidad y respaldo por parte de los pueblos de la región y de la sociedad civil nacional e internacional que lo han convertido en un referente mundial de sistemas de justicia comunitarios.

Frente al proceso de conflicto suscitado en la región, se ha dado una campaña mediática de desprestigio contra la CRAC-PC, organización legítima y legal que los pueblos de Guerrero han construido. Por este motivo, los abajo firmantes ratificamos nuestra solidaridad con la CRAC-PC y con la defensa de su proyecto y su territorio como parte de su proceso de autonomía.

Nos sumamos al rechazo a la entrada de empresas mineras a su territorio, apoyados por los gobiernos estatal y federal a través de la aprobación de concesiones que violan los derechos de los pueblos a ser consultados y a decidir sobre sus territorios, y al rechazo a la militarización de la que la ha sido objeto la zona.­­­

Respecto al decreto del gobierno estatal, pedimos a las autoridades que se respete el proyecto y la decisión de la CRAC-PC sobre su destino en ejercicio de su autonomía.

Saludamos y nos solidarizamos con los procesos de diálogo, respeto y acuerdo que se dan al interior para la resolución de sus conflictos. Confiamos en que, por encima de dificultades, errores y diferencias, los pueblos encontrarán las vías de solución para la defensa de su unidad frente a las amenazas externas en la región, al igual que para la defensa de sus sistemas de justicia, seguridad y reeducación comunitaria.

Organizaciones firmantes:

Caravana Universitaria Ricardo Zavala, Cátedra Libre Paulo Freire UPN-NEZA-CNTE, Ce-Acatl A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Investigación para la Construcción de Alternativas (CIPCA AC), Centro Mexicano de Justicia Ambiental, Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga A.C., CiSiFO-IPN (Círculo Sistémico de Fomento Organizacional del Instituto Politécnico Nacional), Coalición Centro Amplio de México A.C., Colectivo Construyendo Resistencia, Colectivo Pensar en Voz Alta, Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, Colectivo Telefonistas Zapatistas, Comité Jurídico y de Derechos Humanos 132 (COJUDH), Comité de Defensa Grutas de Cacahuamilpa Gro., Comité Estudiantil Metropolitano, Cooperativa de Salud Panamedica, Desconcentraciones Urbanas Amigos del Medio Ambiente Duama Pilcaya Gro, ENLACE Comunicación y Capacitación A.C., Estudiantes de Antropología de la UAM Iztapalapa,  Frente Amplio Opositor a New Gold-Minera San Xavier “FAO”, La Forja Taxqueña Taxco, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, ­­Frente de Trabajador@s del IMSS adherentes a la VI Declaración de la Selva Lacandona, Grupo de Tecnología Alternativa SC m Izquierda Verde, Kukulkan Sonido Antisistema, Maxaldey-Una Voz Para Todos A.C., Medio Ambiente y Sociedad A.C., Movimiento de Transformación Social, Movimiento Migrante mesoamericano M3, Movimiento Organización Democracia Directa, Movimiento 23 de Septiembre, Otros Mundos A.C., Plataforma de Pueblos Originarios del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Radio Educativa Comunitaria UAN MILAHUAK TLAJTOLI de Chilapa Gro., Red Ecologista de la Cuenca de México-ECOMUNIDADES; Red de Alerta Temprana: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y Equidad de Género (ASDDHEG); Red La Vida Veracruz, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Subversiones Agencia Autónoma de Comunicación, Telar de Raíces, Unión de Lucha Anticapitalista.

Firmas individuales:

Ana Esther Ceceña, Armando Bartra, Catalina Eibenschutz, Enrique González Ruiz, Francisco López Bárcenas, General José Francisco Gallardo, Gilberto López y Rivas, Héctor Díaz-Polanco, Magdalena Gómez, Dr. Dario Azzellini (Johannes Kepler de la Universität Linz, Austria), Adriana Matalonga, Adriana Meza, Alberto Guillermo López Limón por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Anaid Campos N.(Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM), Antonio Orozco Michel Azalá, Carolina Oropeza, Diana Margarita Favela Gavia, Federico Campbell, Florencia Mercado, Francisco Pérez Arce, Genaro Vásquez Solís, Germán Gómez Pérez, Héctor de la Cueva, Hugo Herrera, Irma Eréndira Sandoval, Isabel Sanginés, Jesus Ramírez Cuevas, José Luis Alonso Vargas, Josefina Morales, Juan Pablo Jardón González, Julio Muñoz Rubio, Luis Gómez N. (FCPyS-UNAM), Marco Velázquez, Mario Antonio Padilla Becerra, Mario Rechy Montiel, Miguel Valencia Mulkay, Nayar López, Pablo Reyna Esteves (Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas – Universidad Iberomericana), Pietro Ameglio, Ramón Vera Herrera (Ojarasca), Raúl Romero G. (Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM), René Torres Bejarano, Ricardo Melgar, Sergio Ferrer, Yuriria Iturriaga.

Vía: SERAPAZ

CRAC-PC: INVITACIÓN EN D.F.

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA  MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA

ASUNTO: INVITACIÓN

SAN LUIS ACATLAN, GRO. A 19 DE FEBRERO DE 2013

A LAS ORGANIZACIONES CIVILES
A LA COMUNIDAD DE ACADÉMICOS E INTELECTUALES
A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
AL PUEBLO EN GENERAL

Por medio de este documento los queremos invitar a una reunión en la que expondremos la problemática que se está viviendo en la Costa Chica y Costa Montaña de Guerrero. La propuesta de llevar a cabo este evento nace de los acuerdos tomados el día 17 de febrero, fecha en la que se celebró el Encuentro Estatal de Experiencias de Justicias Comunitarias, al que asistieron las comunidades que integramos la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, diversas organizaciones solidarias y comunidades que han manifestado su voluntad de integrarse al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria.

Dicho evento se llevara realizará en las instalaciones de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), el día 21 de febrero a las 18:OO, con domicilio en Patricio Sanz 449, Col. del Valle.

De este encuentro esperamos un intercambio de experiencias, en el que se pueda hacer una evaluación que nos ayude a repensar la situación de nuestros pueblos, a través de un análisis de la situación política nacional y estatal que nos permita entender mejor los hechos que están generando la escalada de violencia en nuestras regiones. Consideramos que se ha hecho un uso indiscriminado de los medios de comunicación que ha producido en la sociedad mexicana una enorme confusión, aunado al Decreto que se nos pretende imponer.

De antemano, agradecemos su gran solidaridad y compromiso. Esperamos su pronta respuesta para saber si podemos contar con su presencia y le solicitamos hacer extensiva la invitación a colegas y amigos interesados en el fortalecimiento de la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

“SÓLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO”

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

  " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"

¿Son legítimas las policías comunitarias?

Por: Enrique Dussel *

Se discute si la guardia o policía comunitaria (como la de la CRAC en Guerrero) son legítimas. El presidente del CNDH, Raúl González Plascencia, ha declarado que son una señal de alarma. El ombudsman insiste en que una frágil línea divisoria distingue las policías comunitarias de los grupos paramilitares. En el editorial de La Jornada del 7 de febrero pasado se escribe que no por ello debe soslayarse que esa vulneración al orden constitucional ocurre con el telón de fondo de un estado de derecho violentado de antemano, ya que se infringiría el artículo 17, que enuncia que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. Todo esto merece algunas precisiones semánticas, de principios.

En primer lugar, habrá que distinguir: a) la pretensión de derecho del ciudadano individual que toma en sus manos directamente el cumplimiento del ejercicio de la justicia. Esto no puede aceptarse, ya que el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la coacción legítima (si es que es legítima). Pero muy distinto es b) cuando una comunidad originaria, parte del pueblo, desde un derecho consuetudinario (anterior al Estado de las Indias en la época colonial o el Estado mexicano desde el siglo XIX), asume el ejercicio del poder político, que ostenta como última instancia de ser el sujeto colectivo de la soberanía. El Estado ejerce delegadamente dicha soberanía por representación y fundado, ese ejercicio, en la soberanía popular (que es anterior a la constitución y al estado de derecho). Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho que le niega el artículo 17. El ejercicio de la soberanía del pueblo reunido legítimamente según sus costumbres no es ninguna señal de alarma, sino, por el contrario, señal que debe escuchar el Estado, en el ejercicio del poder obediencial fundado en el pueblo, para atender con suma diligencia ese reclamo que se le impone como una obligación ineludible en favor de dicha comunidad que manifiesta una necesidad perentoria. Es, por tanto, ejercicio de un derecho pleno, anterior a la Constitución y al estado de derecho.

En segundo lugar, la diferencia entre a) la existencia de la policía comunitaria (como la de la CRAC) y b) los grupos paramilitares no tienen una muy frágil línea divisoria, como opina el ombudsman, sino una abismal diferencia (y creer que son simplemente dos actuaciones ilegales semejantes comienza a preocupar). Los paramilitares son organizados por el Estado, los gobiernos, las estructuras militares o grupos de poder que, no pudiendo reprimir legalmente al pueblo que defiende sus derechos, crea estas estructuras violentas para de manera ilegal cumplir sus corruptos fines. Los grupos paramilitares son parte del terrorismo de Estado inconfesable. La policía comunitaria es, en cambio, expresión de la soberanía popular legítima anterior al Estado (y al que éste debería respetar y respaldar, y no pretender comandar, infiltrar, corromper o instrumentar como se está orientando la estrategia estatal en Guerrero con comunidades que no tienen la experiencia de la CRAC).

En tercer lugar, podría pensarse que supuesto el estado de derecho es peligroso ponerlo en cuestión porque crea una situación de caos, anomia, o ingobernabilidad, opina el ombudsman. Habría que preguntarse si existe estado de derecho cuando el Poder Judicial está mostrando debilidad, contradicción y hasta corrupción en tantos miembros, y viendo que hasta en su más alta esfera no se admitió ningún argumento para demostrar un fraude electoral o haber superado los límites de gastos de un candidato en una campaña política, lesionando los intereses de las mayorías; cuando las policías locales, de los estados y federal, y hasta el Ejército, han sido infiltrados por el narco, como es público, quedando la población inerme ante la violencia de los cárteles; cuando las cárceles son escuela del crimen y no lugar de readaptación de los criminales, etcétera. En realidad si hay algo muy frágil es la línea divisoria entre la inexistencia del estado de derecho y su existencia. Por ello las comunidades más pobres y más golpeadas, de manera legítima (según usos y costumbres, y por la definición constitucional de que la soberanía reside en el pueblo), toman democráticamente la decisión de su autoprotección. Y lo han hecho desde 1995 en la CRAC, en armonía con toda la comunidad, habiendo extirpado el crimen y la droga en sus territorios, ejemplarmente. La intervención de la policía oficial, y aun del Ejército, se manifiesta frecuentemente como problemática, porque se ha mostrado como elemento de conflicto, de peligro para la comunidad y de posibilidad de que se entiendan con las fuerzas del crimen.

En cuarto lugar, se exige que sean entregados por la policía comunitaria los presuntos criminales al Poder Judicial estatal. En la CRAC, desde hace años, se había concedido que las comunidades ejercieran prudentemente la justicia según usos y costumbres, y lo han hecho de modo equilibrado, sabio, y sin mayores conflictos. No son linchamientos o juicios apresurados. Son juicios que van cumpliendo su jurisprudencia ancestral y reciente, y han funcionado. Ahora se exige que entreguen los posibles culpables de crímenes. ¿Tiene realmente el Poder Judicial procesos debidos precisamente definidos para estos casos? ¿No será que muy fácilmente los presuntos culpables serán liberados (como se acostumbra), por falta de pruebas, y las comunidades los vean volver a sus fechorías? Es posible que en esos casos el sistema comunitario de justicia muestre mayor coherencia, pues tiene un conocimiento mucho más completo de las motivaciones de los criminales, y así pueden mejor recabar las pruebas y juzgar apegados a sus costumbres. Grupos de estudiantes de derecho en Acapulco comienzan a estudiar estas cuestiones.

Por último, pareciera que la estrategia política en Guerrero es cooptar este movimiento democrático participativo de las comunidades y subordinarlo a las estructuras del estado local, in­corporando esas policías comunitarias a la policía oficial. Ésta desnaturalizaría la experiencia de los pueblos, porque la policía respondería a las órdenes de las estructuras estatales y no a las exigencias de las comunidades. Así, lo logrado se corrompería rápidamente por el deterioro de las instituciones policiales y de justicia en las que el pueblo más pobre sabe que no puede confiar.

Es necesario respetar la dignidad y el derecho de las comunidades originarias y campesinas a que ejerzan una autonomía de autoprotección y de impartición de justicia según usos y costumbres democráticas y participativas, que no sólo solucionarán el problema de la seguridad (que el Estado no puede hoy garantizar), sino igualmente serán escuela de democracia que puede ser ejemplar para toda la sociedad campesina y urbana en general. Lo contrario sería implantar un régimen autoritario, una represión generalizada de los movimientos sociales y comunidades originarias, que nos recordarían tiempos pasados que habíamos esperado que no volvieran.

* Filósofo.

Vía: La Jornada

URGENTE: INFORMACIÓN DE LA CRAC-PC

De: Policia Comunitaria Costa Chica y Montaña de Guerrero 

COMPAÑEROS DIVERSOS.

EL DIA DE HOY, DIRIGENTES DE LA UPOEG, ENCABEZADOS POR EL CURA MARIO CAMPOS HERNANDEZ, CIRINO PLACIDO VALERIO Y APOLONIO CRUZ ROSAS, ACOMPAÑADOS DE ALREDEDOR DE 50 PERSONAS DE ALGUNAS COMUNIDADES Y ESTUDIANTES DE LA UNISUR, TOMARON LA CASA DE JUSTICIA DE LA CRAC EN SAN LUIS ACATLAN, MIENTRAS LA CRAC SESIONABA EN ASAMBLEA REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE JOLOTICHAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, PARA PROCEDER AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES QUE ESTARAN EN ESTA CASA DE JUSTICIA.

UNA DE LAS INCONFORMIDADES DE LOS DIRIGENTES DE LA UPOEG QUE ARGUYEN COMO MOTIVO PARA TOMAR LA CASA DE JUSTICIA, ES PORQUE LA CRAC CONVOCO A LA ASAMBLEA REGIONAL EN LA COMUNIDAD DE JOLOTICHAN, EN CONTRARIO A LA PROPUESTA QUE HICIERON LOS LIDERES DE LA UPOEG EN UNA PASADA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LA COMUNIDAD DE CUANACAXTITLAN EL PASADO 20 DE ENERO Y QUE FUE ABORTADA PRECISAMENTE POR LA ABIERTA PROVOCACION DE LAS PERSONAS QUE ACUDIERON CONVOCADAS POR LA UPOEG. EN ESA OCASION, ELLOS PROPUSIERON QUE ESTA ASAMBLEA REGIONAL DEL DIA DE HOY SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE EL RINCON, DONDE ES PRESIDENTE DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES EL C. APOLONIO CRUZ ROSAS, UNO DE LOS DIRIGENTES DE LA UPOEG EN LA REGION Y DETRACTOR DE LOS ACTUALES COORDINADORES REGIONALES DE LA CRAC.

PRECISAMENTE POR PREVENIR UNA CONFRONTACION CON LA UPOEG Y POR GARANTIZAR EL ORDEN EN LA ASAMBLEA REGIONAL DEL DIA DE HOY, EN PASADA REUNION DE COORDINADORES REGIONALES DEL DIA 28 DE ENERO, SE DECIDIO QUE ESTA ASAMBLEA REGIONAL SE LLEVARA A CABO EN JOLOTICHAN. A LA CUAL EL DIA DE HOY ARRIBARON 18 AUTORIDADES COMUNITARIAS Y AGRARIAS DE LA REGION DE SAN LUIS ACATLAN, DE UN TOTAL DE 28, POR LO QUE SE DECIDIO INSTALARLA LEGALMENTE Y TOMAR COMO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE AHI SE ALCANZARON.

CON ESTA TOMA DE NUESTRA CASA DE JUSTICIA, SE CONSUMA UNA AGRESION DIRECTA EN CONTRA DEL SISTEMA COMUNITARIO, COMO YA LO HABIAMOS PREVISTO DESDE EL BOLETIN DE PRENSA QUE SE HIZO PUBLICO PARA DESLINDARNOS DEL LEVANTAMIENTO ARMADO EN LA REGION DE AYUTLA Y TECOANAPA; Y SE PONE EN GRAVE RIESGO EL PROYECTO DE LA CRAC DE CONSTRUIR PODER DEL PUEBLO DESDE EL PUEBLO.

ENTRE OTROS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL, ENUNCIAMOS LOS SIGUIENTES:

1. LA AMPLIACION DEL NUMERO DE COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES EN LA CASA DE SAN LUIS, DE 4 A 6 COMPAÑEROS.

2.- QUE SE NOMBREN COORDINADORES REGIONALES Y COMANDANTES REGIONALES, EN COMUNIDADES EN LAS QUE NO SE HA NOMBRADO ANTES COMPAÑEROS PARA ESOS CARGOS. PROPONIENDOSE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: PARA COORDINADORES: RIO IGUAPA Y ARROYO CUMIAPA. POTRERILLO DEL RINCON Y TUXTEPEC. CAPULIN CHOCOLATE Y PLAN DE AYALA. PARA COMANDANTES REGIONALES: CUANACAXTITLAN Y RIO IGUAPA. PASCALA DEL ORO Y ASERRADERO. ZOYATLAN Y JOLOTICHAN. EN EL ENTENDIDO QUE SERIAN DE DOS COMUNIDADES MIXTECAS, DE DOS TLAPANECAS Y DE DOS MESTIZAS, EN EL ORDEN DESCRITO

3.- CONVOCAR A UNA SIGUIENTE ASAMBLEA REGIONAL EL PROXIMO 23 DE FEBRERO DEL 2013, EN SAN LUIS ACATLAN, EN LA QUE SE RATIFICARAN LOS NOMBRAMIENTOS DE COORDINADORES Y COMANDANTES REGIONALES DE LAS 4 CASAS DE JUSTICIA. (SAN LUIS ACATLAN, ZITLALTEPEC, ESPINO BLANCO Y EL PARAISO)

4.- NO PARTICIPAR MAS CON NINGUNA REPRESENTACION EN LA COMISION DE ARMONIA Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, MIENTRAS NO SE ANALICE A FONDO EN LA SIGIUENTE ASAMBLEA REGIONAL.

5.- RECHAZAMOS EL DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON EL QUE SE PRETENDE REGULAR LA POLICIA COMUNITARIA PUES LO CONSIDERAMOS VIOLATORIO DEL ARTICULO 2 Y 39 CONSTITUCIONALES QUE HAN DADO SUSTENTO A NUESTRO SISTEMA COMUNITARIO, ASI COMO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT. EN ESE SENTIDO, LLAMAMOS A UN GRAN ENCUENTRO ESTATAL EN DEFENSA DEL SISTEMA COMUNITARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, PARA EL PRÓXIMO 17 DE FEBRERO DEL 2013, EN SAN LUIS ACATLAN. EXIGIMOS RESPETO A NUESTRA INSTITUCIÓN COMUNITARIA.

LUEGO DE CONOCER LA TOMA DE LA CASA DE JUSTICIA, EN LA ASAMBLEA REGIONAL SE NOMBRO UNA COMISION PARA DIALOGAR CON LOS PLANTONISTAS, QUIENES SE MANTIENEN EN PLAN DE DESCONOCER TODOS LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL, ASI COMO DE LOS ACTUALES COORDINADORES REGIONALES.

UNO DE LOS CUESTIONAMIENTOS BASICOS QUE INFORMARON LOS INCONFORMES, ES LA PRESENCIA Y PERMANENCIA EN LA CRAC DE PABLO GUZMAN HERNANDEZ (COORDINADOR REGIONAL) Y VALENTIN HERNANDEZ (ASESOR JURIDICO) A QUIENES ACUSAN DE "SUPLANTAR" A LAS AUTORIDADES INDIGENAS, ARGUYENDO QUE ESTOS COMPAÑEROS SON MESTIZOS Y ORIGINARIOS DE OTRAS REGIONES NO INCOPORADAS A LA CRAC. CABE INFORMAR QUE EL DIA DE AYER 8 DE FEBRERO, CIRINO PLACIDO VALERIO, ESTUVO DISTRIBUYENDO UNA "CARTA ABIERTA" DE 5 HOJAS EN LAS QUE EL TEXTO COMPLETO ES UNA SERIE DE DIFAMACIONES Y DESCALAIFICACIONES DE LOS CC. PABLO GUZMAN, VALENTIN HERNANDEZ Y GELASIO BARRERA.

POR LO QUE LES PEDIMOS ESTEN PENDIENTES DEL CURSO DE ESTE CONFLICTO QUE REPRESENTA UNA ESCALADA EN LAS AGRESIONES DE LA UPOEG AL SISTEMA COMUNITARIO.

LA JUSTICIA INDÍGENA

Por: Vidulfo Rosales Sierra

Un hotel conocido ubicado en el centro de Ayutla era utilizado por El Señor como cuartel. Allí vivía. A ese lugar llegaban los amigos y las mujeres para divertirse hasta altas horas de la madrugada. Afuera en la calle se encontraban los guardaespaldas que con armas largas y cortas cuidaban de su seguridad. A una cuadra del hotel está la Comandancia de la Policía Ministerial y atrás el Ayuntamiento y la Comandancia de la Policía preventiva. La fiesta empezaba desde las 6 de la tarde, los lugareños pasaban con temor por ese lugar, por lo bajo decían ya está tomando “el Señor”. Esta persona era el que controlaba la plaza en Ayutla, el trasiego, distribución de droga y toda la actividad criminal antes de que fuera desplazado por El Cholo. ¿Esto no fue advertido por los cuerpos de seguridad en Ayutla?, ¿dónde estaba el presidente municipal?, ¿no sabía nada de esto el Ministerio Público? ¿no sabía nada el procurador? Contestar negativamente es difícil, casi imposible, cuando esta persona vivió así por más de un año.

Hoy en día las autoridades del estado hablan de la ilegalidad del movimiento de los pueblos indígenas y campesinos de la Costa Chica y La Montaña que se hicieron cargo de su seguridad, vociferan que deben deponer las armas para restablecer el estado de Derecho y que entreguen a los detenidos a los tribunales previamente establecidos que son sólidos y confiables. Estas apreciaciones son desafortunadas. El sistema de justicia no es eficaz ni confiable, está permeado por la corrupción y sus operadores tienen una visión mercantilista de la justicia. Consideran que se puede vender a quien pague más u ofrezca mayores beneficios. Esta es una de las razones fundamentales por las que ha fracasado la estrategia contra el crimen organizado, de nada sirve tener buenos policías si cuando los detenidos son puestos a disposición son liberados en seguida.

Por otro lado, la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas para construir sus propias formas de organización social y sus sistemas de justicia está ampliamente reconocida en un vasto cuerpo legal internacional, nacional y local.

Los pueblos de la Costa Chica que tomaron la tarea de la seguridad ciudadana, son en su mayoría indígenas. Por citar un ejemplo, la comunidad de Ahuacachagüe, El Mesón y La Azozuca del municipio de Ayutla, así como Xalpatláhuac del municipio de Tecoanapa. El resto son comunidades campesinas que tienen instituciones indígenas como el trabajo comunal, las cooperaciones colectivas, las fiestas tradicionales, el castigo de los delitos que cometen sus ciudadanos de acuerdo con sus usos y costumbres. Todos los conflictos son resueltos por el comisario y los principales y cuando son rebasados las asambleas resuelven en definitiva.

Todos los pueblos que participan en el movimiento por la seguridad y la justicia son descendientes de los indómitos Yopes, originarios de Yopitzingo pueblo que existió cerca de lo que ahora es el municipio de Quechultenango y que por los embates de la guerra se refugiaron y resistieron en la zona de la Costa Chica, justo donde ahora se han movilizado.

Administrar justicia para estos pueblos no es nada nuevo; ya lo hacían desde hace cientos de años. Son pueblos originarios que existieron antes del Estado, que tenían un cultura, forma de organización social y sistema de justicia propios. Con la colonización y la conformación del Estado mexicano, se trató de incorporar por la fuerza a estos pueblos a un sistema de justicia que le es ajeno. Por ello la lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos y otras partes del mundo llevaron a crear el Convenio 169 de la OIT y se incluyeron en todas las constituciones de América Latina disposiciones de respeto a la autonomía para decidir sus propias formas de organización social, reconociendo que son sociedades pluriculturales. Las formas propias que los pueblos indígenas tienen para hacer justicia son un componente fundamental de su identidad cultural y su cosmovisión, en este sentido son actores sociales y políticos diferenciados que deben ser especialmente respetados y reconocidos en sociedades pluralistas, multiculturales  y democráticas.

Hoy en día los pueblos organizados de la Costa Chica se dieron cuenta que los cuerpos de seguridad y órganos de justicia no hacen su tarea, por el contrario, colaboran con las bandas del crimen organizado. Por ello han decidido brindar seguridad y justicia de acuerdo con sus propios sistemas normativos, reconocidos por un amplio cuerpo de normas internacionales y disposiciones nacionales. La conformación de un Tribunal indígena en las comunidades de la Costa Chica para juzgar a las personas detenidas y que cometieron delitos graves en sus territorios es totalmente legal, tiene su fundamento en lo que disponen los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 701 de Reconocimiento Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.

Contrario a lo que equivocadamente afirman las autoridades estatales, estas disposiciones otorgan a los pueblos indígenas facultades de prevención del delito, jurisdiccionales y para readaptar o reintegrar socialmente a los transgresores, lo anterior implica que los pueblos pueden formar sus policías, hacer operativos, detener a las personas que cometan delitos en flagrancia, juzgarlos en sus tribunales, asambleas o jueces indígenas y posteriormente someterlos a un proceso de readaptación social o de reeducación como  la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)  lo ha denominado, de acuerdo a sus usos y costumbres, incluso después de realizar una investigación tienen facultades de emitir órdenes de detención.

Hoy en día el gobierno del estado pretende poner de rodillas a los pueblos indígenas desconociendo todos los derechos ganados a lo largo de su historia, como si los más de 500 años de opresión no fueran suficientes, con un decreto ilegal, con carreteras que destruyen su medio ambiente y sin consultar a los pueblos indígenas pretende pasar por encima de los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas a tener su propio sistema de seguridad y justicia.

Si de verdad tiene vocación democrática debiera abrir la discusión para reglamentar la Ley 701 y buscar mecanismos de validación de las resoluciones que las autoridades indígenas tienen en sus funciones jurisdiccionales otorgadas por la Ley.

Con un tono racista y discriminatorio dicen que los pueblos indígenas no tienen capacidad para hacer justicia, que son hordas desorganizadas que corren para descuartizar al enemigo, pero los descuartizadores son otros que cuentan con el apoyo de las policías y órganos de justicia.

Vía: Tlachinollan