LA JUSTICIA INDÍGENA

Por: Vidulfo Rosales Sierra

Un hotel conocido ubicado en el centro de Ayutla era utilizado por El Señor como cuartel. Allí vivía. A ese lugar llegaban los amigos y las mujeres para divertirse hasta altas horas de la madrugada. Afuera en la calle se encontraban los guardaespaldas que con armas largas y cortas cuidaban de su seguridad. A una cuadra del hotel está la Comandancia de la Policía Ministerial y atrás el Ayuntamiento y la Comandancia de la Policía preventiva. La fiesta empezaba desde las 6 de la tarde, los lugareños pasaban con temor por ese lugar, por lo bajo decían ya está tomando “el Señor”. Esta persona era el que controlaba la plaza en Ayutla, el trasiego, distribución de droga y toda la actividad criminal antes de que fuera desplazado por El Cholo. ¿Esto no fue advertido por los cuerpos de seguridad en Ayutla?, ¿dónde estaba el presidente municipal?, ¿no sabía nada de esto el Ministerio Público? ¿no sabía nada el procurador? Contestar negativamente es difícil, casi imposible, cuando esta persona vivió así por más de un año.

Hoy en día las autoridades del estado hablan de la ilegalidad del movimiento de los pueblos indígenas y campesinos de la Costa Chica y La Montaña que se hicieron cargo de su seguridad, vociferan que deben deponer las armas para restablecer el estado de Derecho y que entreguen a los detenidos a los tribunales previamente establecidos que son sólidos y confiables. Estas apreciaciones son desafortunadas. El sistema de justicia no es eficaz ni confiable, está permeado por la corrupción y sus operadores tienen una visión mercantilista de la justicia. Consideran que se puede vender a quien pague más u ofrezca mayores beneficios. Esta es una de las razones fundamentales por las que ha fracasado la estrategia contra el crimen organizado, de nada sirve tener buenos policías si cuando los detenidos son puestos a disposición son liberados en seguida.

Por otro lado, la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas para construir sus propias formas de organización social y sus sistemas de justicia está ampliamente reconocida en un vasto cuerpo legal internacional, nacional y local.

Los pueblos de la Costa Chica que tomaron la tarea de la seguridad ciudadana, son en su mayoría indígenas. Por citar un ejemplo, la comunidad de Ahuacachagüe, El Mesón y La Azozuca del municipio de Ayutla, así como Xalpatláhuac del municipio de Tecoanapa. El resto son comunidades campesinas que tienen instituciones indígenas como el trabajo comunal, las cooperaciones colectivas, las fiestas tradicionales, el castigo de los delitos que cometen sus ciudadanos de acuerdo con sus usos y costumbres. Todos los conflictos son resueltos por el comisario y los principales y cuando son rebasados las asambleas resuelven en definitiva.

Todos los pueblos que participan en el movimiento por la seguridad y la justicia son descendientes de los indómitos Yopes, originarios de Yopitzingo pueblo que existió cerca de lo que ahora es el municipio de Quechultenango y que por los embates de la guerra se refugiaron y resistieron en la zona de la Costa Chica, justo donde ahora se han movilizado.

Administrar justicia para estos pueblos no es nada nuevo; ya lo hacían desde hace cientos de años. Son pueblos originarios que existieron antes del Estado, que tenían un cultura, forma de organización social y sistema de justicia propios. Con la colonización y la conformación del Estado mexicano, se trató de incorporar por la fuerza a estos pueblos a un sistema de justicia que le es ajeno. Por ello la lucha de los pueblos indígenas latinoamericanos y otras partes del mundo llevaron a crear el Convenio 169 de la OIT y se incluyeron en todas las constituciones de América Latina disposiciones de respeto a la autonomía para decidir sus propias formas de organización social, reconociendo que son sociedades pluriculturales. Las formas propias que los pueblos indígenas tienen para hacer justicia son un componente fundamental de su identidad cultural y su cosmovisión, en este sentido son actores sociales y políticos diferenciados que deben ser especialmente respetados y reconocidos en sociedades pluralistas, multiculturales  y democráticas.

Hoy en día los pueblos organizados de la Costa Chica se dieron cuenta que los cuerpos de seguridad y órganos de justicia no hacen su tarea, por el contrario, colaboran con las bandas del crimen organizado. Por ello han decidido brindar seguridad y justicia de acuerdo con sus propios sistemas normativos, reconocidos por un amplio cuerpo de normas internacionales y disposiciones nacionales. La conformación de un Tribunal indígena en las comunidades de la Costa Chica para juzgar a las personas detenidas y que cometieron delitos graves en sus territorios es totalmente legal, tiene su fundamento en lo que disponen los artículos 35, 36 y 37 de la Ley 701 de Reconocimiento Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero.

Contrario a lo que equivocadamente afirman las autoridades estatales, estas disposiciones otorgan a los pueblos indígenas facultades de prevención del delito, jurisdiccionales y para readaptar o reintegrar socialmente a los transgresores, lo anterior implica que los pueblos pueden formar sus policías, hacer operativos, detener a las personas que cometan delitos en flagrancia, juzgarlos en sus tribunales, asambleas o jueces indígenas y posteriormente someterlos a un proceso de readaptación social o de reeducación como  la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)  lo ha denominado, de acuerdo a sus usos y costumbres, incluso después de realizar una investigación tienen facultades de emitir órdenes de detención.

Hoy en día el gobierno del estado pretende poner de rodillas a los pueblos indígenas desconociendo todos los derechos ganados a lo largo de su historia, como si los más de 500 años de opresión no fueran suficientes, con un decreto ilegal, con carreteras que destruyen su medio ambiente y sin consultar a los pueblos indígenas pretende pasar por encima de los tratados internacionales y las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas a tener su propio sistema de seguridad y justicia.

Si de verdad tiene vocación democrática debiera abrir la discusión para reglamentar la Ley 701 y buscar mecanismos de validación de las resoluciones que las autoridades indígenas tienen en sus funciones jurisdiccionales otorgadas por la Ley.

Con un tono racista y discriminatorio dicen que los pueblos indígenas no tienen capacidad para hacer justicia, que son hordas desorganizadas que corren para descuartizar al enemigo, pero los descuartizadores son otros que cuentan con el apoyo de las policías y órganos de justicia.

Vía: Tlachinollan